La situación de las prisiones en Latinoamérica se encuentra en el centro de la agenda jurídica y política reciente. La prisión, lejos de perder protagonismo, se ha posicionado encimo una de las instituciones preferidas por los gobiernos regionales para responder a las manifestaciones criminales resultantes de la inequidad social. En un contexto de pobreza exacerbada, violencia y criminalidad, el protagonismo excesivo de la pena privativa de la libertad explica el colapso de una aparato penitenciario que no responde a la creciente segregación punitiva. Su éxito supone su fracaso paralelo. El resultado más visible de esta paradoja es la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas presas. El hacinamiento, la violencia, la escasez de programas de resocialización, la selectividad del encierro y la utilización abusiva de la detención preventiva son preocupaciones comunes para activistas jurídicos y funcionarios públicos. Tanto unos como otros pronuncian estos enunciados para justificar una misma necesidad y una agenda común: intervenir y reformar.